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Arresto de capo mexicano es gesto a EEUU, no señal de cambio

January 7, 2023 GMT
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Los restos de un vehículo calcinado en la víspera, a un lado de una carretera en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el 6 de enero de 2023. La operación del gobierno para detener a Ovidio Guzmán, el hijo del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán, provocó enfrentamientos que mataron a 10 soldados y 19 supuestos miembros del cártel de Sinaloa, según las autoridades. (AP Foto/Martín Urista)
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Los restos de un vehículo calcinado en la víspera, a un lado de una carretera en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el 6 de enero de 2023. La operación del gobierno para detener a Ovidio Guzmán, el hijo del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán, provocó enfrentamientos que mataron a 10 soldados y 19 supuestos miembros del cártel de Sinaloa, según las autoridades. (AP Foto/Martín Urista)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La captura de uno de los hijos del antiguo jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, esta semana en México fue más un guiño aislado a una estrategia de guerra contra el narcotráfico que el gobierno del país ha abandonado que un indicio de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, haya cambiado de opinión, según los expertos.

La detención de Ovidio Guzmán en Culiacán, el feudo del cártel, el jueves se cobró al menos 30 vidas: las de 11 efectivos del ejército y las fuerzas de seguridad y 19 presuntos sicarios del grupo. Pero los analistas predicen que no tendrá ningún impacto en el flujo de droga hacia Estados Unidos.

Fue una exhibición de fuerza — con helicópteros armados, cientos de soldados y vehículos blindados — en el inicio de un posible proceso de extradición, más que un paso importante en los esfuerzos de las autoridades mexicanas para desmantelar una de las organizaciones delictivas más poderosas del país. Quizás por casualidad, ocurrió a unos días de la visita de Joe Biden, la primera de un presidente estadounidense en casi una década.

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En los cuatro primeros años de los seis que contempla su mandato, López Obrador ha dejado claro que perseguir a los capos de la droga no es su prioridad. Cuando las fuerzas militares acorralaron al joven Guzmán en Culiacán en 2019, el presidente ordenó su liberación para evitar muertes luego de que hombres armados comenzaron a disparar por la ciudad.

La única otra gran operación durante su presidencia fue la de un geriátrico Rafael Caro Quintero el pasado julio, apenas unos días después de la reunión entre Biden y López Obrador en la Casa Blanca. En aquel momento, Caro Quintero tenía más importancia simbólica por haber ordenado el asesinado de un agente de la agencia antidroga estadounidense DEA hace décadas que peso real en la jerarquía del narcotráfico actual.

“México quiere hacer al menos lo mínimo en términos de lucha antidroga”, indicó Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA que pasó 13 años de su carrera en el país. “No creo que esta sea una señal de que va a haber una cooperación más estrella, una colaboración bilateral si se prefiere, entre Estados Unidos y México”.

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Aunque el arresto de un delincuente es una victoria para la justicia y el Estado de derecho, según Vigil, el impacto en lo que considera una “campaña permanente contra las drogas” es nulo. “Lo que tenemos que hacer realmente aquí en Estados Unidos es hacer un mejor trabajo en términos de reducción de la demanda”.

Este fue uno de los temas de conversación clave cuando los gobiernos de las dos naciones anunciaron a finales de 2021 un nuevo Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, que reemplazó a la obsoleta Iniciativa Mérida.

El acuerdo debía adoptar un enfoque más integral hacia la lucha contra las drogas y las muertes que causan a ambos lados de la frontera. Pero en un ejemplo de la frecuente desconexión entre el discurso diplomático y la realidad, apenas dos meses después el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevase a la captura de cualquiera de los cuatro hijos del Chapo, incluyendo Ovidio, señal de que la estrategia de Washington contra los capos seguía viva y en buena forma.

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“El Entendimiento Bicentenario fue un cambio en papel con respecto a la perspectiva para atacar el tráfico de drogas y la violencia con un enfoque más importante en lo que eran los programas supuestamente sin ningún presupuesto de salud pública”, afirmó Guadalupe Correa Cabrera, profesora adjunta en la Universidad George Mason. En realidad, agregó, “México se está plegando a los intereses de Estados Unidos”.

Durante décadas, Estados Unidos ha apresado a narcotraficantes de México, Colombia y otros puntos intermedios, pero las drogas están tan presentes como siempre y son más letales que nunca en el país, añadió. “La estrategia kingpin es una estrategia fallida”, manifestó.

El Departamento de Justicia estadounidense no realizó comentarios sobre el arresto de Ovidio Guzmán, de 32 años.

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López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018 tras hacer campaña con el lema “abrazos, no balazos”. Destinó recursos a programas sociales para abordar lo que considera como las causas profundas de la violencia, un enfoque a medio y largo plazo que ha tenido pocos efectos en un país con más de 35.000 homicidios anuales.

“Una cosa que ha caracterizado, en mi opinión, la política de seguridad de México en los últimos años es que no es muy clara. Ha sido un poco contradictoria”, apuntó Ángelica Durán Martínez, profesora asociada de la Universidad de Massachusetts Lowell. Esa ambigüedad complica determinar si realmente se ha producido un cambió, dijo.

La detención de Guzmán beneficia al ejecutivo de López Obrador de varias formas. Por una parte, alivia la humillación de las fuerzas armadas luego de que los sicarios del cártel las obligasen a liberarlo en 2019. Además, podría calmar el resentimiento tras limitar estrictamente la cooperación antidroga con Washington hace dos años y ayudaría a disminuir la percepción de que el presidente mexicano, quien ha visitado frecuentemente Sinaloa y ha elogiado a su población, ha sido más suave con el cártel dominante en la región que con otras bandas.

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Durante cuatro años, López Obrador ha desbaratado la guerra contra el contra el narcotráfico emprendida por sus predecesores en cada oportunidad que tuvo. Los expertos sostienen que este respiro ha permitido que los grupos se refuercen, tanto en su organización como en su armamento.

Guzmán había asumido un papel cada vez más importante en su organización luego de que su padre fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Washington acusó en 2018 a Ovidio Guzmán y a otro de sus hermanos por tráfico de drogas. Supuestamente controlaba una serie de laboratorios de metanfetamina y estaba implicado en la fuerte expansión del cártel en la producción de fentanilo.

Las drogas sintéticas han sido inmunes a los esfuerzos de erradicación del gobierno, son más fáciles de producir y de contrabandear, además de mucho más rentables.

El cártel de Sinaloa no se resintió apenas cuando El Chapo fue extraditado a Estados Unidos, por lo que la captura de uno de los “Chapitos”, como se conoce a los hermanos Guzmán, no va a hacer tambalear sus operaciones.

Según el analista de seguridad mexicano Alejandro Hope, la captura de Ovidio Guzmán se debió probablemente a la presión o la información del ejecutivo estadounidense y supone el abandono tácito de la retórica de López Obrador sobre la estrategia contra los capos.

Para Hope, la detención es desalentadora no solo porque no causará cambios fundamentales en la floreciente exportación de metanfetamina y fentanilo por parte del cártel, sino porque revela la poca investigación que las autoridades mexicanas habían hecho sobre Guzmán y su organización desde 2019.

“Qué bueno que agarraron a Ovidio. Aplausos. Perfecto”, dijo Hope. “Lo que me deprime es que llevamos 16 años en este asunto (la guerra contra las drogas) o 40 contando desde (el asesinato de Enrique) Camarena y seguimos sin capacidad para investigar”

Tras la captura de Guzmán, las autoridades mexicanas dijeron que fue arrestado en base a un pedido de extradición de Estados Unidos, además de por posesión ilegal de armas e intento de asesinato en el momento del operativo. El secretario de Gobernación, Adán López Hernández, señaló el viernes que México tenía otras investigaciones en curso de las que no podían hablar.

“Seguimos apostando a la presencia del músculo, a las capacidades militares, y no a la capacidad de investigación”, indicó Hope.